La desaparición de Santiago Maldonado produjo un verdadero terremoto en la política nacional. El macrismo, ganador en las PASO de agosto, no pudo disfrutar el éxito y se vio envuelto en una crisis de proporciones. Los medios de comunicación concentrados lanzaron una campaña histérica en la que no ahorraron disparates tales como la calificación de “terroristas” a los integrantes de la RAM (Resistencia Ancestral Mapuche). La ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, hizo lo imposible por despegar a Gendarmería del secuestro y desaparición de Maldonado, contribuyendo así a que una parte importante de la opinión pública tomara partido por la causa del joven desaparecido. El gobierno intentó procuró prohibir que los docentes trataran el tema en los colegios, calificando de “adoctrinamiento” a esa actividad. Por último, en el día de ayer, las fuerzas policiales allanaron los locales de las organizaciones de izquierda en la ciudad de Córdoba, con el propósito implícito de amedrentar.
¿Cómo es posible que el caso Maldonado haya provocado todo esto?
En el secuestro y desaparición de Santiago a manos de la Gendarmería se cruzan tres cuestiones fundamentales de la política, que no suelen aparecer en el centro de la escena.
En primer lugar, está la propiedad privada de la tierra. Los mapuches de la Lof Cushamen, al ocupar las tierras de propiedad de Luciano Benetton, ponen en discusión el tema de la propiedad, base del sistema capitalista. La ferocidad de acción gubernamental (en el mes de enero pasado se realizó otro violento intento de desalojo de la Lof, en el que intervino la Gendarmería y la policía de la provincia de Chubut) no es producto de la “locura” de alguno de sus integrantes; es la respuesta lógica frente a quienes se atreven a negar el pilar de toda la organización social capitalista. Además, en un país donde la clase trabajadora sufre horrores para acceder a la vivienda, que un grupo pretenda resolver el problema mediante la acción directa genera un precedente peligroso.
En segundo lugar, está la cuestión de las fuerzas represivas. El Estado tiene por función primordial la preservación del orden capitalista, es decir, la vigencia de relaciones sociales basadas en la explotación de la clase trabajadora. Esto implica el uso de la violencia. La Gendarmería ha cumplido de un modo creciente el papel de fuerza de choque gubernamental en los distintos conflictos obreros. Donde hizo falta apalear a los trabajadores, siempre estuvieron los gendarmes. El gobierno de Macri está llevando adelante un ajuste que implica un gran deterioro de los salarios y las condiciones de vida de los trabajadores. ¿Cómo puede ir en contra de los gendarmes si los necesita para reprimir las luchas contra el ajuste? El Estado no es neutral en la lucha de clases; su lugar está siempre del lado de la clase dominante y el macrismo no es, por supuesto, la excepción.
En tercer lugar, está el control de la escuela como mecanismo de reproducción de la ideología dominante. La violenta reacción contra la difusión del caso Maldonado por muchos docentes (hay que recordar que el 24 de marzo es feriado nacional y que en los días previos se realizan habitualmente actividades en los colegios haciendo alusión al tema) sólo se explica por la intención de preservar el monopolio de la difusión de ideología a través de la educación formal. La escuela forma parte del Estado y éste no puede permitir que en ella se difundan contenidos que perjudiquen la dominación del Capital. Por eso se da la paradoja de que se acuse a los docentes de practicar el “adoctrinamiento” en el caso Maldonado, justo en una institución cuya función primordial es, precisamente, el adoctrinamiento.
En esta coyuntura, el macrismo no puede retroceder ni negociar. Es cierto que a lo largo del mes transcurrido desde el secuestro de Maldonado cometió no pocos errores. Por ejemplo, las repetidas apariciones de la ministra Bullrich en los medios de comunicación no hicieron otra cosa que arrojar nafta al fuego de la movilización popular. Sin embargo, el gobierno se ve empujado hacia adelante por una lógica que va más allá de las intenciones de las personas. La desaparición de Maldonado es consecuencia de un sistema en el que las fuerzas represivas tienen plena libertad para ejercer la violencia sobre los sectores populares. No es un “exceso”; es el resultado esperable de una política que alienta la práctica de la tortura y el “gatillo fácil” por las fuerzas policiales. El caso de Luciano Arruga, secuestrado, torturado y desaparecido por la policía bonaerense por negarse a robar para dicha fuerza de “seguridad”, es una muestra cabal de la lógica del sistema. El ajuste potencia esa lógica represiva. En este punto cabe recordar que, desde el inicio del estancamiento económico en 2011, se produjo un ascenso de la represión, del que son ejemplo las represiones a los trabajadores practicadas en la Panamericana por el gobierno kirchnerista.
El gobierno intentó tapar la desaparición de Maldonado. Fracasó. Luego procuró embarrar la cancha, plantando evidencia falsa que sugería que Santiago nunca había estado en la Lof. También fracasó. La causa de los desaparecidos sigue movilizando a vastos sectores de las clases medias y de los sectores populares, y la reacción frente al caso Maldonado fue importante. La movilización en las calles y las actividades en las instituciones educativas impidieron que el macrismo cumpliera su propósito. La magnitud de la reacción popular puede medirse a través de indicadores indirectos, como el hecho de que Mirtha Legrand haya preguntado por Santiago a la ministra Bullrich.
Hoy se realizarán marchas en todas las ciudades del país reclamando la aparición con vida de Santiago y el castigo a los culpables. El gobierno sabe que está en un momento complejo. Cuenta a su favor con el consenso favorable a la represión entre parte de las clases medias y de la clase trabajadora, construido sin prisa y sin pausa desde hace muchos años por los medios de comunicación. Como indicamos, el Estado no puede prescindir de su misma esencia, que es el uso de la violencia para mantener la explotación de la clase trabajadora. Por eso la pulseada será grande.
Nosotros no podemos retroceder. La lucha por la aparición con vida de Santiago Maldonado y el castigo a los culpables es una lucha por el sentido común de la sociedad. El Estado y la burguesía vienen llevando a cabo un trabajo serio, permanente, cuyo objetivo es instalar la naturalización de la represión a las luchas populares. Hasta ahora tienen éxito, habida cuenta que las luchas obreras durante 2017 fueron primero aisladas y luego derrotadas (Ejemplo: AGR, docentes, UTA-Córdoba, etc.). Ninguna de esas luchas contó con un acompañamiento popular capaz de torcer el curso de las cosas. Las represiones fueron apoyadas por un importante consenso popular. Éste es el sentido común al que me refiero y él constituye una de las condiciones para lanzar la ofensiva sobre los trabajadores. Primero nos hacen creer que no sirve de nada luchar y luego se lanzan al ataque sobre los derechos de los trabajadores. Aceptar el secuestro y desaparición de personas implica dejarnos inermes frente a la acción estatal.
La clase trabajadora está obligada a salir a las calles, pues es una causa que involucra a todos. Es imposible luchar por la mejora de nuestras condiciones de vida si no existen garantías democráticas. Hoy más que nunca tenemos que practicar la unidad en la acción.
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Nota publicada originalmente en el blog de la Revista
Propuesta Marxista bajo el titulo de SANTIAGO MALDONADO (RPM) el 1 de septiembre de 2017. Escrito por Ariel Mayo quien es sociólogo y docente y autor del blog Miseria de la sociologia.